El impacto económico de la pandemia ha destruido alrededor de 5.000 empleos relacionados con la posventa, lo que por desgracia ha venido aparejado con un aumento de la economía sumergida.
Las notificaciones que las empresas cumplidoras hacen llegar a los buzones de las asociaciones ponen de manifiesto un aumento de esta actividad que, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental, ponen contra las cuerdas al sector legalmente establecido.
No hablamos solo del impacto en la facturación, sino en el tiempo empleado en presupuestar acciones que finalmente no se materializan. Porque, en no pocas ocasiones, el consumidor utiliza el taller legalmente establecido para la diagnosis y después busca alternativas más baratas comprometiendo su propia seguridad.
Ante esta realidad, que no solo afecta a un sector económico estratégico como es el de la reparación, sino también, insisto, a la seguridad vial, se hace imprescindible que Gobierno Central, autonomías y ayuntamientos intensifiquen los planes de inspección de Industria, Consumo, Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.
Estas inspecciones se deberían orientar no solo a los establecimientos legalmente establecidos, sino a los que actúan a puerta cerrada. Además, esta labor de intensificación debería hacerse con especial atención en los entornos rurales para evitar que estos negocios clandestinos fagociten las operaciones de los que cumplen con todas las de la ley. En las grandes ciudades es más sencillo que se diluya su actuación, pero en los pequeños municipios el daño hacia el que cumple es especialmente notorio.
En este sentido, las asociaciones contamos con líneas de comunicación directa con los asociados que nos ponen sobre aviso cuando detectan actuaciones potencialmente irregulares y de esta forma, las traslademos a la autoridad competente. Así, llevamos a cabo una labor de estrecha colaboración con la Guardia Civil y las policías tanto autonómicas como municipales sobre los requisitos que han de cumplir las instalaciones dedicadas a la reparación y mantenimiento de vehículos, tanto desde el punto de vista administrativo como de gestión de residuos, abarcando también aspectos sobre el régimen regulador en los ámbitos industrial y tributario.
En el terreno legislativo, desde Ganvam venimos peleando por una reforma integral del Real Decreto que regula la actividad de los talleres porque, tras más de 30 años vigente, no responde ya a la situación actual de la posventa. No hay duda que al calor de un consumidor hipersensible al precio han surgido nuevos modelos de negocios, como los talleres móviles o los boxes, que ahora viven en un limbo legal en cuanto a obligaciones fiscales y medioambientales, generando competencia desleal a un sector cuya actividad ya viene muy lastrada por la antigüedad del parque -que se traduce en menos pasos por el taller- y por el déficit de matriculaciones.
No se puede mirar para otro lado. No pasemos por alto que la reparación de vehículos se consideró un servicio esencial durante los meses de confinamiento total por la importante labor que desempeñaban. Si no cuidamos de los talleres, ¿quién cuidará de nuestros vehículos con garantías?
