La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un “grupo criminal” compuesto por nueve personas que, desde España, operaba ilegalmente con neumáticos usados en 17 países de Europa, África y América. Bautizada como ‘Operación Rotamm’ (rueda en latín más la M de Málaga) contra el comercio ilegal de neumáticos, la Guardia Civil y el Seprona calculan que la banda “habría gestionado ilegalmente más de 200.000 neumáticos en los últimos cinco años, reportándoles más de 1,8 millones de euros de beneficio”.
La Guardia Civil detalla en su comunicado que la ‘Operación Rotamm’, llevada a cabo por la Sección del Seprona de Málaga, ha contado con la colaboración de sus homólogos de Europol y Ameripol, y que, tras seis meses de investigación, “se ha procedido a la detención de nueve personas, al tiempo que se han imputado responsabilidades penales a cinco investigados más y se han realizado 17 inspecciones en instalaciones. Gracias a las pruebas obtenidas se han podido atribuir al grupo criminal delitos contra el medio ambiente, de falsedad documental, de estafa y de pertenencia a grupo criminal”.
Además de unas ganancias ilícitas próximas a los dos millones de euros, la Guardia Civil resalta que “habría que añadir casi 300.000 euros que dejan de percibir los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) -Signus y TNU, en España- por la entrada incontrolada de neumáticos desde otros países y los consiguientes impuestos que no se abonan. Con el fin de garantizar la reposición de los perjuicios causados y el pago de las cantidades que se determine en la Resolución judicial final, se ha procedido al embargo preventivo de hasta 60 propiedades, entre fincas inmobiliarias y otros bienes muebles, por un valor de 4.000.000 de euros”.
Así funcionaba la trama ilegal de la red
Tanto la Guardia Civil como el Seprona han detallado que “la red ahora descubierta adquiría neumáticos usados tanto en España como en diferentes países de Europa, especialmente en aquellos donde existe una cultura de cambio temprano. Una vez en España deberían haber sido seleccionados, destinando los de mejor estado al mercado de segunda mano y el resto para eliminación. Sin embargo, de estos últimos, parte de ellos sí que cumplían ese destino, pero otra porción también pasaban al circuito de segunda mano. El problema surgía cuando aquellos que deberían haber pasado a eliminación controlada o destinarlos a su reciclado, se vendían a terceros países con bajos niveles de renta para ser colocados en los vehículos. La actividad ilegal se centraba principalmente en varias instalaciones de recogida, una de ellas registrada como gestor autorizado y las otras sin contar con esa condición o dadas de alta como talleres de vehículos. Así, la primera seleccionaba los neumáticos y podía destinar a segunda mano los que cumpliesen los requisitos, por lo que la parte ilegal de su actividad se centraba en aquellos que, supuestamente debían ir a reciclaje o eliminación. Sin embargo, aquellas que no tienen la consideración de gestor autorizado, no podían llevar a cabo el proceso de selección, pese a lo cual la llevaban a cabo”.
Beneficios múltiples
Según la investigación del Seprona, la ‘rueda’ de beneficios obtenidos por dicho “grupo criminal” era múltiple: “La casuística que permitía elevados beneficios a los componentes de la trama era muy variada. La más sencilla de las opciones que explotaban la trama para obtener beneficios se basaba simplemente en vender neumáticos en el mercado de segunda mano, sin contar con los permisos para ello. Destinar a ese mismo mercado ruedas que no contaban con los mínimos exigidos para su venta era otra posibilidad. La exportación a terceros países se hacía declarando los neumáticos de segunda mano y ocultando su condición de residuos. Ello conlleva menos costes económicos y un nivel de control menor. Por otra parte, al realizar la exportación como “segunda mano” permitía su introducción directa en ese mercado, con importantes ingresos”.
Fraude a los SIG
La Guardia Civil y el Seprona también hacen énfasis que toda la trama ilegal de los detenidos en la ‘Operación Rotamm’ suponía un fraude a los SIG (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, SIGNUS y TNU) al generarles unas pérdidas por introducir neumáticos en el mercado nacional “sin haber percibido la ecotasa, para garantizar su posterior reciclaje. Ésta se abona una única vez en el país donde la cubierta se coloca por primera vez como nueva. Al importarlos sin declarar este movimiento, los neumáticos que finalmente se gestionaban en España suponían un coste para nuestros Sistemas Integrados, a pesar de que el pago compensatorio se había efectuado en el país de origen”.
Riesgo para la salud y el Medio Ambiente
La Guardia Civil y el Seprona explican que “algunas de las empresas implicadas almacenaban los neumáticos en naves industriales clandestinas, careciendo de las medidas de seguridad exigibles en materia de prevención de incendios. En caso de incendio, podrían generarse sustancias tóxicas vertidas a la atmosfera, suelo y acuíferos provocando un grave riesgo para la salud de las personas y el propio medio ambiente, al encontrarse la mayoría de estas instalaciones en polígonos industriales próximos a poblaciones”.
Colaboración entre instituciones
A lo largo de los seis meses que duró la investigación, la Guardia Civil y el Seprona resaltan que “fue necesario mantener una línea de comunicación casi permanente con Europol, quien proporcionó el soporte técnico y la coordinación de las actuaciones internacionales en el ámbito europeo. Esa coordinación fue fundamental dado que las transacciones comerciales implicaban a países como Portugal, Bulgaria, Alemania, Francia o Polonia. Más allá de Europa, las ventas de neumáticos llegaban a países de África, como Ghana, Mauritania, Senegal o Congo, y en el ámbito del continente americano se han extendido las investigaciones a República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Colombia y El Salvador, para lo cual se ha contado con Ameripol, para facilitar las comunicaciones con diversos cuerpos policiales de Iberoamérica. A nivel nacional, destaca el impulso dado a la investigación por el Fiscal Delegado de Medio Ambiente de Málaga, en el marco de la instrucción judicial a cargo del titular del Juzgado número 1 de los de Antequera”.
Ciclo vital del neumático
En su comunicado, la Guardia Civil y el Seprona recuerdan el ciclo vital del neumático: “Cuando cualquier conductor realiza un cambio de neumáticos en su vehículo, al colocar los nuevos se incluye en el precio una ecotasa destinada al tratamiento ambiental de esa cubierta. Desde el momento de su retirada el neumático usado recibe el status de residuo por lo que obligatoriamente deberá destinarse a un centro de gestión de neumáticos fuera de uso. Para gestionar estos residuos, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, en España se han constituido Sistemas Integrados de Gestión, a través de los cuales se garantiza el empleo del importe de la ecotasa en la gestión medioambiental del neumático. Una vez que el neumático llega a una Planta de Gestión Autorizada, se clasifican seleccionando aquellos que pueden ser desviados al mercado de segunda mano en atención a su estado de conservación y desgaste, carencia de deformaciones, fecha de caducidad y mantenimiento de la profundidad del dibujo (el límite legal es 1,6 milímetros, aunque se recomienda sustituir los neumáticos por encima de los 2 mm: cuando el testigo aún tiene goma por encima del nivel de seguridad). Sólo en esto centros se puede determinar si puede ser reutilizado o si por el contrario continua su gestión como residuo”.
Hay que recordar que Signus celebró “la investigación criminal de la Guardia Civil a importadores de neumáticos” por una presunta estafa superior a tres millones de euros al defraudar con el ‘ecovalor’, tal y como publicó EuroPneus el pasado 3 de abril.
Asimismo, EuroPneus publicó el pasado 12 de abril la noticia que, bajo la OPERACIÓN LUN’, ADINE denunció a Top Recambios “por un posible fraude superior a 6 millones de euros” con el ‘Ecovalor’
